El ministro de Salud, Juan Manzur, firmó una resolución para poner en vigor la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. En ese documento, se detallan los pasos que deben dar los médicos para la interrupción de embarazos, con mayores precisiones que una guía previa, diseñada en 2007, durante la gestión de Ginés González García. Una de las principales modificaciones tiene que ver con la definición de "no judicialización" de los casos.
La medida no tardó en provocar una fuerte polémica. "Esto es legalizar el aborto de hecho y por una vía administrativa", dijo el abogado Christian Hooft, vicepresidente de Aciera, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. "Es inviable, tiene que existir una prueba fehaciente de que existió la violación", señaló el constitucionalista Gregorio Badeni (sobre lo que se informa aparte).
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